- Paradójicamente, el diputado local Leonel Luna, celebró que la Corte haya declarado la validez de varios artículos de la Ley de Movilidad en la capital de la República
- Se “respetarán” los derechos de todos (¿…!?), presumen
- La estimación por los daños económicos sufridos, se estimaba hasta hace unos días en 7 mil 500 millones de pesos, unos 396.3 millones de dólares, en todo el país
Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deliberara para declarar la validez de varios artículos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en pocas palabras seguirá la impunidad de las marchas y mítines que para millones de mexicanos ha sido un fastidio cotidiano con una secuela de pérdidas millonarias para los sectores productivos de la capital de la República.
De forma paradójica, Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), celebró la sensibilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para preservar los derechos de todos, al declarar la validez constitucional de algunos artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
Dijo que la Corte respetó el derecho de las personas a manifestarse y la libertad de libre tránsito, y coincidió con los ministros al preservar el artículo 212 que no obliga a los inconformes a dar un aviso previo de 48 horas a la autoridad, ya que no se trata de una autorización y del artículo 214 sobre las medidas para evitar mayores afectaciones.
Como Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la ALDF, Leonel Luna se pronunció a favor de respetar las libertades y los derechos de todos, tanto de los ciudadanos como de los manifestantes, y se comprometió a revisar el caso del artículo 69 fracción II que fue declarado inválido.
Insistió en el exhorto a otras entidades del país, para que en la medida de sus posibilidades eviten que se trasladen a la Ciudad de México las protestas por falta de respuesta en sus estados, que afecta a los capitalinos.
Controversia constitucional
Recientemente, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dio a conocer que la demanda en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, gobernadores y miembros del gabinete, fue turnada al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa y que responde a la “inminente falta de capacidad del Estado mexicano para reestablecer el orden”.
Este mismo día los empresarios integrados en la Concanaco-Servytur anunciaron que interpondrán una demanda penal colectiva en contra de la CNTE y amagaron con dejar de pagar impuestos ante la falta de respuesta del Gobierno mexicano a las protestas que desde hace dos meses realizan los profesores que se oponen a la Reforma Educativa.
Los empresarios integrados en la Confederación Patronal de la República Mexicana , si bien interpusieron una demanda de amparo en contra del Jefe del Ejecutivo federal, gobernadores y funcionarios federales, ante las presuntas omisiones en las que han incurrido por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“En esta demanda de amparo hemos señalado como responsables al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Educación Pública, al Procurador General de la República, a los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a los Secretarios Federales de estos estados y a los Congresos de estas demarcaciones, entre otras autoridades”, externó Gustavo de Hoyos, “ante la inminente falta de capacidad del Estado mexicano para reestablecer el orden”.
De acuerdo con Hoyos, la demanda fue turnada al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, a cargo del Juez Agustín Tello Espíndola.
“Es importante señalar que no buscamos represión de los movimientos sociales, cuando estos son legítimos y son sobre todo respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo de todos. La demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías Constitucionales de libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educación y a la libertad económica”, señaló el líder patronal tras salir de las oficinas del PJF.
Acusó que las protestas de los maestros han dejado “perdidas incuantificables” en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, y no habrá poder alguno que les pudiera resarcir la economía perdida y los innumerables trabajadores que se han ido quedando sin un empleo remunerado.
“No se trata sólo de bloqueos temporales y de daños a carreteras, a vialidades, a plazas comerciales, a bancos o a sedes de instituciones gubernamentales, hemos sido testigos de bloqueos prolongados en carreteras y en vías de comunicación, en ferrocarriles, y en uno de los puertos más importantes del país, como lo es Lázaro Cárdenas que es la vía de abastecimiento principal para regiones industriales, comerciales y de servicios del país.
“Diversos sectores industriales han sufrido afectaciones incuantificables, en especial el siderúrgico, que podría verse obligado a realizar un paro técnico ante la carencia de insumos para su producción”, dijo el líder empresarial.
Este mismo día, los empresarios integrados en la Confederación de Cámaras Naciones de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), anunciaron que presentarán una demanda colectiva contra los maestros de la CNTE por afectar económicamente sus intereses tras más de dos meses de movilizaciones.
Los empresarios afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo indicaron que la demanda será presentada el 17 de agosto venidero.
“La estimación por los daños (económicos) sufridos se estimaba hasta hace unos días en 7 mil 500 millones de pesos (unos 396.3 millones de dólares) en toda la región”, dijo Enrique Solana, presidente de la Confederación.
Solana señaló que están elaborando un listado de empresas afectadas y que presentarán una demanda colectiva contra la CNTE en la que se le “exigirá la reparación de los daños y perjuicios” generados a las empresas.
El representante remarcó que los empresarios viven “una grave crisis” que afecta a la sociedad y a las empresas y no se pueden permitir “la grave omisión de no expresarnos, no proponer, ni exigir medidas de solución inmediata” ante la problemática.
Indicó que empresarios de diversos sectores de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México han padecido las movilizaciones de los docentes.
Además de la demanda colectiva, el presidente de la Confederación informó que promoverán juicios de amparo contra la Coordinadora y también contra autoridades omisas de los tres niveles de gobierno.
Los empresarios advirtieron que sus pérdidas se verán reflejadas en el pago de impuestos, en el cierre de sus empresas y analizan presentar sus declaraciones de impuestos en ceros.
Propusieron al Gobierno mexicano que en los estados afectados se deje exento el pago de impuestos a la nómina y el impuesto sobre la renta, además de la exención de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hasta que se regularicen y se recuperen las empresas afectadas.
Desde mediados de mayo los maestros de la CNTE, con más de 200 mil afiliados en México, están en huelga para pedir la derogación de la reforma educativa impulsada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, por considerar que es punitiva contra los maestros y no contempla particularidades regionales.
Desde entonces se han producido numerosas protestas, altercados y bloqueos carreteros que han puesto en jaque varios estados del país como Chiapas y Oaxaca, en el sur, o Michoacán, en el occidente.
De tal suerte que el tema de las marchas y mítines en la Ciudad de México, traerá no solo el malestar de la sociedad capitalina, sino que una controversia constitucional misma que será apelable porque la Iniciativa Privada ha remarcado los graves daños que le han ocasionado las movilizaciones de la CNTE, sin importarles las graves afectaciones que viene provocando con el cierre de calles y avenidas con la consabida generación del desempleo.